La ciudad se encuentra sumergida en una marea de propaganda electoral ilegal que se adhiere a cada poste, semáforo y espacio público disponible. Los políticos, en su afán de ganar visibilidad, han desatado una verdadera invasión visual que no solo es molesta, sino también ilegal.
Los postes, que deberían servir como soporte para la infraestructura urbana, se han convertido en el lienzo improvisado de candidatos y partidos políticos. La proliferación de carteles, pancartas y adhesivos no solo es una afrenta a la estética de la ciudad, sino que también constituye una violación flagrante de las normativas electorales y del espacio público.
Es deber ineludible de la alcaldía hacer cumplir la ley y liberar a la ciudad de esta invasión visual que afecta la calidad de vida de sus habitantes. La normativa clara existe, pero su aplicación parece ser un desafío pendiente para la autoridad municipal.
La ciudadanía se ve obligada a convivir con esta invasión que, lejos de proporcionar información útil sobre propuestas políticas, se convierte en un recordatorio constante de la impunidad con la que algunos candidatos actúan. Los postes, símbolos de la infraestructura urbana, se ven desfigurados por carteles que desafían la legalidad sin consecuencias aparentes.
La alcaldía tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y retirar toda esta propaganda electoral ilegal de manera inmediata. La pasividad en este asunto no solo refleja una falta de voluntad para hacer cumplir la ley, sino que también contribuye a la percepción de impunidad que rodea a estas prácticas.
Es tiempo de que la alcaldía demuestre su compromiso con la legalidad y la estética urbana. La ciudad merece ser un espacio libre de invasiones visuales que solo sirven para empañar su belleza natural y recordar la urgente necesidad de hacer cumplir las normativas electorales. Los ciudadanos exigen acción, y es responsabilidad de la alcaldía devolverles un entorno urbano libre de propaganda electoral ilegal.
