Las empresas que conforman el Consorcio empresaria INFEPA-TITULATEC anunciaron el sometimiento por ante el Tribunal Contencioso Administrativo del ex presidente de la República, Danilo Medina, el Grupo CORDE y de varios ex funcionarios, por alegado abuso de poder contra los demandantes en el caso de los terrenos de Los Tres Brazos.
Igualmente informaron que procederán penalmente contra el ex mandatario y sus colaboradores “por prevaricación, coalición de funcionarios y abuso de poder”.
Dijeron que “han sido víctimas de una manipulación de la realidad y de los hechos por parte de altos funcionarios que desempeñaron cargos hasta el 16 de agosto”.
“Vamos a tomar las acciones legales y punibles de lugar cuando se hayan instalado por completo las nuevas autoridades del Ministerio Público, en la persona de la nueva Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, procediendo por las vías civiles y penales, lo que representa nuestra posición firme de limpiar nuestro honor, nuestra honra y nuestro buen nombre ante la opinión pública nacional e internacional”, señalaron.
En sus instancias, INFEPA-TITULATEC solicitan el pago de cerca de mil trescientos millones de pesos, de los cuales 800 serían por daños y perjuicios contra el consorcio empresarial y una astreinte de 25 mil pesos diarios, así como la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo, número 392-16, que diera inicio a la persecución judicial de que fueran objeto.
Los abogados de la parte demandante afirman contar con las pruebas necesarias y suficientes para demostrar que el escándalo de Los Tres Brazos “fue una estrategia para distraer la atención del caso Odebrecht y el jefe de campaña del mandatario saliente, el brasileño Joao Santana”, las que estarán a disposición del alto tribunal en el momento del depósito de la demanda.
Los abogados Jose Abel Deschamps y Tomas Castro expresaron que someterán tanto civil como penalmente al exprocurador general de La República, Jean Alain Rodríguez, y al ex director de Ética Gubernamental, Lidio Cadet, y a otros ex funcionarios que “se prestaron a esta flagrante violación al Derecho de Propiedad y la Libre Empresa establecidos en los artículos 50 y 51 de La Constitución de La República Dominicana”.
