Esta vez es la mini-alcaldía y una persona encargada de Planeamiento Urbano
En el sector Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, un delegado barrial de la alcaldía, Abner Martínez Medrano, se hace llamar «mini alcalde», un título inexistente que no tiene sustento legal. Según la Ley 176-07 de Ayuntamientos, su cargo es el de delegado barrial, pero ha optado por una autodenominación que alimenta prácticas cuestionables e irregulares.
En las últimas semanas, este delegado ha estado ejecutando acciones ilegales contra empresas de telecomunicaciones autorizadas por INDOTEL, reteniendo sus vehículos y exigiendo multas desproporcionadas de hasta 400 mil pesos. Estas acciones no solo carecen de base legal, sino que también constituyen una grave usurpación de funciones de instituciones como la DIGESETT, el INTRANT y el mismo INDOTEL, las únicas entidades competentes para intervenir en estos casos.
Los vehículos son interceptados en movimiento por miembros de la Policía Municipal, quienes operan de forma intimidatoria, incluso portando armas largas. Posteriormente, las unidades son trasladadas a instalaciones municipales donde solo son liberadas tras el pago de las multas exigidas, una práctica que viola la Constitución dominicana, el derecho al libre tránsito y las leyes de tránsito.
Estas acciones aparentan tener como trasfondo un intento por imponer cobros ilegales y arbitrarios a empresas que prestan servicios esenciales de internet, ignorando que estos servicios están protegidos por la Ley General de Telecomunicaciones (153-98). Esta legislación declara que ningún ente distinto al INDOTEL puede establecer tasas, impuestos o restricciones relacionadas con telecomunicaciones, reforzando la ilegalidad de estas medidas.
Es evidente que estas prácticas arbitrarias afectan no solo a las empresas, sino también a la ciudadanía que depende de servicios de telecomunicaciones para su desarrollo diario. La actuación del delegado barrial y de la Policía Municipal debe ser investigada y detenida para salvaguardar los derechos de todos los involucrados y preservar el orden institucional en Ciudad Juan Bosch y el municipio Santo Domingo Este.
