En el complejo escenario político de la República Dominicana, el tema del financiamiento adecuado para las municipalidades se ha vuelto un dilema constante. Aunque la ley prescribe que el 10% del presupuesto nacional debe destinarse a las alcaldías, la realidad presupuestaria pinta un panorama diferente. La asignación real, lejos de alcanzar dicho porcentaje, apenas llega al 3%, dejando a los municipios en una posición precaria para atender las demandas y necesidades locales.
Curiosamente, este desajuste financiero a menudo se enfrenta con el silencio por parte de los alcaldes. ¿Por qué esta reticencia a abordar públicamente la insuficiencia presupuestaria? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en las complejas dinámicas políticas del país. Muchos alcaldes, por diversas razones, evitan levantar la voz sobre este tema crucial.
Uno de los factores determinantes es la necesidad constante de recursos para llevar a cabo proyectos y programas locales. En un escenario donde el gobierno central tiene un control significativo sobre la asignación presupuestaria, los alcaldes, en ocasiones, prefieren mantener un perfil bajo y no confrontar directamente al gobierno. Esta situación ha llevado a un fenómeno común: alcaldes que cambian de partido en busca de mayores recursos, esperanzados de que un nuevo alineamiento político les brinde la posibilidad de obtener más fondos para sus municipios.
La falta de una reclamación abierta y unificada por parte de los alcaldes perpetúa un ciclo de dependencia. Algunos, en su afán de conseguir recursos adicionales, optan por cambiar de partido, confiando en que esta estrategia les brindará la oportunidad de mejorar la situación financiera de sus municipios. Sin embargo, esta táctica no resuelve el problema subyacente: la necesidad de que el gobierno cumpla con la ley y asigne el 10% estipulado a las municipalidades.
El silencio de los alcaldes en este asunto refleja una realidad compleja y desafiante en la que se encuentran atrapados. La esperanza de recibir mayores recursos a menudo se ve frustrada por la falta de un compromiso claro del gobierno central. La necesidad de una distribución equitativa y justa de los recursos a nivel municipal es un llamado urgente que merece ser abordado no solo por los alcaldes, sino por toda la sociedad dominicana. El respeto a la autonomía municipal debe reflejarse no solo en la legislación, sino también en la asignación real de recursos que permita a las municipalidades cumplir con sus responsabilidades y promover un desarrollo sostenible en sus comunidades.
