Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE.-
Como era de esperarse, el sometimiento presentado por la señora Sanhys Dotel Ramírez fue declarado “inadmisible”. Esta acción buscaba eliminar información del portal digital Ciudad Oriental relacionada con un incidente de gran magnitud, que involucró dos asesinatos cometidos en el año 2014.
Más allá del caso específico, este hecho pone en debate un tema crucial para la democracia y la libertad de prensa: ¿hasta dónde llega el derecho al olvido frente al derecho a la información?
Eliminar un contenido de la esfera pública tras un evento de esta naturaleza representaría no solo una omisión de la verdad, sino también una violación flagrante a la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.
El intento de censurar información bajo la excusa de “limpiar” un historial público compromete el principio de transparencia que debe regir en cualquier sociedad democrática.
El interés colectivo de una población por conocer la verdad sobre crímenes de tal gravedad supera cualquier intento de restringir el acceso a esa información. La memoria colectiva de una sociedad no puede estar subordinada a intereses personales que busquen ocultar la realidad.
Si este tipo de solicitudes fuera aceptado, abriría la puerta a un sinfín de casos similares, donde personas involucradas en hechos polémicos o de relevancia social podrían intentar borrar su pasado de la esfera pública. Esto no solo limitaría el acceso a información verídica, sino que debilitaría el rol de los medios de comunicación como garantes de la transparencia.
Como sociedad, debemos defender y promover un ejercicio periodístico responsable que informe, eduque y documente para las generaciones futuras. No se trata solo de proteger el derecho de los medios de comunicación, sino de garantizar que cada ciudadano tenga acceso a la verdad, por incómoda que esta pueda ser.
La libertad de expresión y de difusión del pensamiento no es negociable. Retirar información por presiones externas sienta un mal precedente que nos alejaría de los principios fundamentales que sustentan una democracia sólida. No podemos permitirlo.
El caso de Sanhys Dotel Ramírez nos recuerda que la verdad, aunque incómoda, siempre debe prevalecer. Solo de esta forma podemos construir una sociedad más justa, donde el derecho a la información sea un pilar inquebrantable.
