En las últimas semanas, los residentes de Santo Domingo Este han sido testigos de la instalación de contenedores de basura en aceras, calles, parques y otros espacios públicos por parte de la Alcaldía. Lo que podría parecer una medida para mejorar la gestión de residuos, en realidad, está creando un problema legal y ético: los contenedores, ubicados en lugares inapropiados, están fomentando la violación de la ley por parte de los ciudadanos.
Los espacios públicos, por definición, son áreas destinadas al uso común y disfrute de la comunidad. Instalar contenedores de basura en aceras y parques no solo obstruye el paso y degrada la estética urbana, sino que también convierte a cualquier persona que deposita basura en ellos en un infractor de la ley. Es como si la Alcaldía estuviera invitando a los ciudadanos a cometer una infracción.
La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que es ilegal depositar residuos en espacios públicos no designados para tal fin. Los contenedores, al estar ubicados en lugares indebidos, no cumplen con esta designación. Por lo tanto, cada vez que un ciudadano coloca basura en uno de estos contenedores, está, técnicamente, violando la ley. La ironía radica en que esta infracción es provocada por una medida municipal que debería estar alineada con el cumplimiento de la normativa.
Además, la Constitución garantiza el derecho al libre acceso a los espacios públicos. La presencia de contenedores de basura en estos lugares viola este derecho, ya que obstruye el paso y limita el uso de las aceras y parques por parte de los ciudadanos. Este impedimento no solo afecta la movilidad, sino que también degrada la calidad de vida urbana y el disfrute de los espacios comunes.
La salud pública es otro aspecto crítico que se ve comprometido con esta medida. La limpieza y el mantenimiento de estos contenedores en lugares inapropiados exponen a los empleados de la Alcaldía a condiciones insalubres y riesgos innecesarios. La acumulación de residuos en áreas transitadas aumenta la probabilidad de contaminación y propagación de enfermedades, afectando tanto a los trabajadores como a los ciudadanos.
La responsabilidad principal de una alcaldía es velar por el bienestar y el orden de la ciudad, lo cual incluye la adecuada disposición de residuos. Sin embargo, esta iniciativa parece haber sido implementada sin una planificación adecuada y sin considerar las repercusiones legales y prácticas. Los contenedores deberían estar ubicados en áreas designadas específicamente para la recolección de residuos, lejos de las aceras y parques que son vitales para la circulación y el esparcimiento de los ciudadanos.
Esta situación pone a los ciudadanos en una posición incómoda y contradictoria. ¿Deben seguir las instrucciones de la Alcaldía y utilizar los contenedores instalados en espacios públicos, arriesgándose a infringir la ley? ¿O deben buscar alternativas más adecuadas y legalmente seguras para deshacerse de sus residuos, aunque esto implique más esfuerzo y tiempo?
La solución pasa por una reestructuración de la estrategia de recolección de basura. La Alcaldía debe retirar los contenedores de los espacios públicos inapropiados y ubicarlos en lugares designados para ello. Además, es fundamental que se realice una campaña de concientización para informar a los ciudadanos sobre las formas correctas de disponer de sus residuos sin infringir la ley.
La comunidad de Santo Domingo Este merece una gestión de residuos eficiente y legal que no convierta a los ciudadanos en infractores involuntarios. La Alcaldía tiene el deber de corregir esta situación y garantizar que las medidas adoptadas para la gestión de basura sean respetuosas con el entorno urbano, los derechos constitucionales y las leyes vigentes. Solo así se podrá lograr una ciudad más limpia y ordenada, donde las acciones municipales promuevan el cumplimiento de la ley en lugar de su violación.
