En las últimas semanas, ha surgido una controversia preocupante en Santo Domingo Este que, aunque se ha centrado en el periodista Fernando Buitrago, trasciende su figura. La verdadera discusión debería girar en torno a la transparencia en el manejo de los fondos públicos por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Este y la falta de rendición de cuentas detallada sobre donaciones y otros recursos económicos.
Fernando Buitrago, conocido por su firmeza en exigir responsabilidad a las autoridades desde los medios digitales que administra y otras plataformas, ha solicitado en repetidas ocasiones que la Alcaldía, liderada por Dio Astacio, rinda cuentas claras sobre el uso de los fondos públicos, especialmente en relación con procesos de donación. Según lo estipula la ley, cualquier donación de recursos o bienes al municipio debe estar debidamente documentada y presentada ante la ciudadanía. Sin embargo, en este caso, la falta de claridad ha levantado alarmas.
En respuesta, la Alcaldía ha decidido actuar de una manera que puede ser interpretada como una distracción o, peor aún, una forma de silenciar la crítica legítima. Fernando Buitrago fue intimado mediante un acto de alguacil para que se retracte de supuestas expresiones y acusaciones que, según él, nunca realizó. Es decir, se le exige que se disculpe por algo que no ha dicho, desviando la atención de lo que realmente importa: la transparencia en la gestión pública.
Este tipo de acciones plantea una inquietante interrogante sobre si la intimidación contra Buitrago es simplemente un intento de desviar la conversación de lo esencial. Y lo esencial es, como él mismo insiste, que la Alcaldía debe rendir cuentas. La ciudadanía tiene el derecho constitucional de saber en qué se están utilizando los recursos del municipio, sobre todo cuando se trata de procesos tan delicados como las donaciones y adquisiciones de bienes, que deben estar debidamente documentados.
Buitrago ha dejado claro que no tiene nada de lo que retractarse, ya que no ha hecho acusaciones infundadas. Y, lejos de intimidarse, ha expresado su disposición a defender su posición en los distintos niveles de la justicia, sosteniendo que su reclamo es legítimo y fundamentado.
En este contexto, el enfoque no debe desviarse hacia una confrontación personal con un periodista que, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de exigir transparencia a sus autoridades. Lo que está en juego aquí es la confianza en las instituciones públicas y el respeto por la legalidad y la rendición de cuentas.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos no es un favor que las autoridades otorgan; es una obligación ineludible. El que no se responda con claridad a las preguntas que la sociedad tiene sobre el destino de esos recursos erosiona la credibilidad de la administración y da pie a la sospecha de que hay algo que ocultar.
Por lo tanto, es imperativo que la Alcaldía de Santo Domingo Este rinda cuentas de forma pública y detallada, aclarando todos los aspectos relacionados con el manejo de los fondos y las donaciones. En lugar de seguir en la senda de intimidar a quienes exigen claridad, sería mucho más saludable para la democracia y para la confianza en las autoridades que se proporcionen respuestas contundentes y transparentes.
Este no es un asunto de Fernando Buitrago. Es un asunto de todos los ciudadanos que exigen y merecen un gobierno municipal transparente y responsable.
