Santo Domingo Este, 5 de abril de 2025.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) debería ser el bastión de la regulación vial en la República Dominicana, y en Santo Domingo Este asegura trabajar junto a la Alcaldía para ordenar la movilidad. Sin embargo, esta colaboración se desdibuja en un panorama de permisividad que raya en lo ilegal. El INTRANT no solo tolera reductores de velocidad que dañan vehículos y violan la ley, así como contenedores-vertederos que roban carriles, sino que parece cerrar los ojos ante una alianza cuestionable con la Alcaldía, permitiendo que la autodenominada «policía municipal» actúe fuera de su competencia, un hecho que agrava aún más el descontrol en las calles.
Reductores de velocidad: Una violación consentida
En la Avenida Las Américas, cerca de la Avenida Venezuela y frente a Megacentro, y en la Carretera Mella, casi esquina San Vicente de Paúl, los reductores de velocidad instalados por la Alcaldía son un atentado técnico y legal. Demasiado altos, sin señalización adecuada y colocados sin lógica en zonas de alta circulación, estos obstáculos dañan suspensiones, neumáticos y chasis, mientras elevan el riesgo de accidentes por maniobras imprevistas. La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial exige que las intervenciones viales garanticen seguridad y fluidez, un mandato que el INTRANT debe fiscalizar. Su silencio ante estas estructuras ilegales apunta a una negligencia preocupante o a una sumisión a las decisiones de la Alcaldía, dejando a los ciudadanos enfrentando un diseño vial peligroso e irresponsable.
Contenedores-vertederos: El carril robado y el peligro ignorado
El caos se intensifica con los contenedores colocados por la Alcaldía, que no son simples depósitos, sino vertederos rodantes que acumulan basura desbordada y mal gestionada. Cada uno de estos engendros, ubicados en arterias clave como la Carretera Mella y la Avenida San Vicente de Paúl, se apropia de un carril completo, reduciendo el espacio para el tránsito y obligando a conductores de carros y motos a esquivarlos en condiciones de alto riesgo. La acumulación de desechos obstruye las vías, genera focos de insalubridad y multiplica las probabilidades de colisiones, especialmente en horarios de poca luz o tráfico intenso.
La Alcaldía, bajo Dioris Astacio, defiende estos contenedores como una solución a la basura, pero su ubicación invasiva y su descontrol los convierten en un peligro público. La Ley 63-17 prohíbe obstruir las vías de forma que comprometa la seguridad, y el INTRANT tiene la obligación de supervisar y corregir estas decisiones. Sin embargo, no solo evita sancionar a la Alcaldía, sino que ni siquiera la instruye sobre cómo evitar que estos vertederos sigan robando carriles y amenazando vidas, evidenciando una pasividad que socava su autoridad.
La «policía municipal»: Una ilegalidad tolerada
A este desorden se suma un elemento aún más grave: la mal llamada «policía municipal» de Santo Domingo Este, que actúa en temas de tránsito sin autorización legal. Pase lo que pase, esta entidad no tiene competencia para detener a ciudadanos por su accionar en el tránsito o asuntos similares, ya que la Ley 63-17 otorga esa facultad exclusivamente al INTRANT y a la DIGESETT como su brazo operativo. La autodenominada «policía municipal» carece de sustento jurídico para intervenir en estas materias, y su accionar representa una usurpación de funciones que el INTRANT no debería permitir.
Si se demuestra una alianza inadecuada entre la Alcaldía y el INTRANT, donde este último tolera o incluso avala tácitamente las acciones de la «policía municipal» fuera de la ley, estaríamos ante un precedente peligroso. El INTRANT no tiene autoridad para delegar permisos a una entidad municipal en temas de tránsito, y su permisividad sugiere una colusión que desvirtúa el marco legal y pone en riesgo los derechos de los ciudadanos. Conductores y motociclistas no solo enfrentan reductores ilegales y vertederos en las calles, sino también la posibilidad de ser sancionados o detenidos por una fuerza sin legitimidad, todo bajo la mirada complaciente de una institución que debería protegerlos.
Una colaboración que traiciona su propósito
La supuesta coordinación entre el INTRANT y la Alcaldía debería garantizar un sistema vial seguro y eficiente, pero lo que prevalece es una tolerancia mutua que perpetúa el caos y la ilegalidad. Los reductores violan la ley y dañan vehículos, los contenedores-vertederos roban carriles y generan peligro, y la «policía municipal» actúa sin autorización, mientras el INTRANT permanece inmóvil. Como organismo técnico y regulador, no puede ser un aliado pasivo de la Alcaldía ni avalar acciones que contravienen su propio mandato.
En este Día del Periodista, es urgente cuestionar el rol del INTRANT en este desorden. Los ciudadanos de Santo Domingo Este merecen calles transitables y una aut
