Lamentablemente, por múltiples rezones, la conducta que ha prevalecido en el liderazgo nacional, en los políticos y en gran parte de la ciudadanía, ha sido la de desaprovechar la oportunidad de contar con un marco institucional en el que soberanamente ciudadanos podamos escoger autoridades locales y participar, deliberar y decidir sobre muchas de las cosas esenciales para nuestra vida en Común.
Hemos torcido el rumbo que pudo haber seguido nuestra vida institucional, cuando los representantes electos por la ciudadanía, para encargarse de Normar, Organizar, y Liderar el esfuerzo colectivo por el Progreso, hemos dejado de lado el compromiso primario que se nos delegó, para reducir nuestras acciones a la conveniencias propia, de particulares, partidaria o de grupos de intereses.
Esta conducta generalizada de los actores políticos hasta nuestros días, se ha hecho manifiesta en todas las dimensiones del sistema político y en todos los niveles jerárquicos de nuestra Sociedad. Pero el hecho de que también haya tenido su expresión en los Gobiernos Locales ha permitido efectos más negativos, porque frente al Centralismo predominante en nuestra Historia política, la Escuela de Dignidad Ciudadana y Laboratorio Democrático que pudieron haber sido Los Ayuntamientos no han cumplido esta Misión.
Así el Centralismo, el Autoritarismo y la Arbitrariedad que ha caracterizado históricamente la Gestión del Estado, se ha visto reforzado por la precaria y escasa vida Institucional y Democrática de Los Gobiernos Locales.
El viejo régimen Municipal, en el que todavía permanecemos, ha basado el orden en la centralización, la debilidad de las instituciones, la personalización del poder, la escasa representatividad, las imposiciones a discreción por parte de quienes ocupamos los cargos públicos y un bajo nivel de respuestas a las expectativas ciudadanas, que nunca ha llegado a satisfacer las necesidades básicas de la población.
De esta forma los agentes políticos, más que ser fieles a los sueños y aspiraciones de nuestros ciudadanos, los hemos defraudados. Y con ello se ha expandido y reforzado entre una parte significativa de la ciudadanía la percepción de que las Funciones Públicas son para detentarlas en beneficio propio, de grupos o de particulares, desarrollándose un círculo vicioso que nos ha sumido en la pérdida de credibilidad y confianza colectiva de la Comunidad y alejándonos de la vocación y sentido de pertenencia de una colectividad.
Se afirma, no sin razón que los Ayuntamientos son débiles y que están plagados de deficiencias en el cumplimiento de sus responsabilidades que les acuerda la Ley 176-07 con la Población; Pero tales deficiencias no son particulares de los Ayuntamientos, son una expresión de las deficiencias y desviaciones de nuestro sistema político en general.
Si comparamos cualquier otra institución de gobierno que debiendo cumplir con la diversidad de funciones que tienen los Ayuntamientos haya sido tan obliterada en la asignación de recursos, veremos que el desempeño de los Ayuntamientos ha sido incluso superior al de las mayoría de Ministerios, Secretarías, y Direcciones del Ejecutivo, las cuales reciben una proporción de recursos por habitantes mucho mayor que los Cabildos y no brindan los servicios necesarios, ni en calidad ni en cobertura, mostrando deficiencias incluso más graves que cualquier Corporación Edilicia.
La nueva forma de Gestión que ameritan nuestras comunidades, debe fundamentarse en la responsabilidad compartida, la Pluralidad, el establecimiento de reglas de procedimientos válidos y cumplidos por todos y todas, la rendición de cuentas desde los funcionarios hacia los ciudadanos, la participación y la continuidad de los esfuerzos en una cultura democrática que basamente instituciones, valores y conducta.
