El exregidor Winston Báez (@winstonbd) ha denunciado que el alcalde de Santo Domingo Este, Dioris Astacio (@dioastacio), engaña a la población respecto al pago de prestaciones laborales mientras implementa despidos masivos a empleados perremeístas que laboraron en la administración anterior.
Báez sostuvo que, a diferencia de lo declarado por Astacio, durante los cuatro años de gobierno de Manuel Jiménez se abonaron más de 100 millones de pesos en prestaciones. Además, durante ese mismo periodo, Manuel Jiménez fue difamado con acusaciones de que no empleaba a perremeístas, pese a haber concedido el 80% de la «empleomanía» a dicho partido. “Es completamente falso que la gestión pasada no cumpliera con sus compromisos laborales. Hay registros que confirman el pago de más de 100 millones de pesos en prestaciones a trabajadores desvinculados”, afirmó.
En contraste, se señala que Dioris Anselmo ha dispuesto la cancelación de una alcaldía compuesta por perremeístas para, supuestamente, dar paso a la incorporación de los que se conocen como “sus pastores”, lo que ha encendido aún más las críticas sobre la gestión actual.
El exregidor también reveló que, según informó un regidor, el presupuesto actual del ayuntamiento asigna más de 27 millones de pesos para el pago de prestaciones. Esto hace que, en opinión de Báez, sea injustificable la negativa de Astacio a cumplir con dichos compromisos. “El dinero está disponible; no hay excusas para seguir vulnerando los derechos de los trabajadores despedidos”, enfatizó.
Báez cuestionó asimismo la decisión del alcalde de despedir a miembros del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes apoyaron su candidatura y ahora se encuentran en una situación de incertidumbre laboral. “Es inconcebible que Dio Astacio, en lugar de fortalecer su equipo y reconocer a quienes lo respaldaron, los esté dejando en la calle sin ninguna justificación”, expresó.
Finalmente, el exregidor hizo un llamado a la actual administración para que actúe con transparencia y responsabilidad, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales de los servidores públicos y evitando el uso de discursos engañosos que justifiquen decisiones arbitrarias.
