¿Cuál es la responsabilidad personal del Alcalde en eventuales desastres urbanísticos en la ciudad, dando designaciones no avaladas por ley?
¿Quién asumirá desde el CODIA esta misma culpa en caso de desastre por, posiblemente, acompañar las decisiones desde una dirección si «cabeza legal» según la ley?
En Santo Domingo Este se vive una verdadera crisis en el área de planeamiento urbano, donde la incompetencia y la falta de cumplimiento de la ley se han convertido en la norma. La designación de la persona encargada de dirigir el Departamento de Planeamiento Urbano es un ejemplo flagrante de cómo se están vulnerando los requisitos técnicos y legales en beneficio de intereses políticos y de conveniencia.
Incompetencia y Falta de Cualificación Técnica
La persona encargada de dirigir el área de planeamiento urbano en la Alcaldía no cumple con los requisitos técnicos necesarios para asumir una posición de tan crucial responsabilidad. La dirección de este departamento exige conocimientos especializados en urbanismo y construcciones; sin embargo, quien ostenta este cargo carece de la capacitación indispensable para garantizar un manejo adecuado y seguro de los permisos de construcción y demás autorizaciones.
Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿Qué garantías puede tener un permiso que se otorga desde una dirección en la que quien «manda y decide» no posee el conocimiento necesario en urbanismo y construcción?
La respuesta es inquietante y pone en evidencia la fragilidad de los procesos administrativos y de control en la ciudad.
Consecuencias Potencialmente Desastrosas
El riesgo de contar con permisos expedidos desde una dirección inadecuada es enorme. La falta de conocimiento técnico puede derivar en la emisión de autorizaciones ilegales, comprometiendo la seguridad de las construcciones y la integridad de la ciudad. Se deben considerar las siguientes interrogantes:
- ¿Cuántos documentos serán ilegales si, eventualmente, están firmados por una persona que no está legalmente capacitada para hacerlo?
- ¿Quién se responsabilizará por un eventual desastre que se derive de esta acción presumiblemente ilegal?
Estas preguntas no solo evidencian la gravedad del problema, sino que también alertan sobre las consecuencias nefastas que podrían tener para Santo Domingo Este. La integridad de la infraestructura urbana y la seguridad de sus habitantes están en riesgo si se continúa con esta cadena de ilegalidad.
Responsabilidades Institucionales y Fiscalización
La crisis en el planeamiento urbano no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones administrativas que han llevado a la designación de personas inadecuadas en puestos críticos. En este contexto, surgen varias preguntas urgentes:
- ¿Cuál es la responsabilidad del Alcalde al colocar en una posición tan estratégica a la persona incorrecta?
- ¿Qué papel juega el CODIA en permitir esta acción, que vulnera los principios de competencia y legalidad?
- ¿Cómo se explica la inacción del INTRANT, que reconoce la investidura de una persona claramente inadecuada para la toma de decisiones en el área de planeamiento urbano?
Además, es fundamental destacar la responsabilidad del Ministerio de Administración Pública (MAP) y del Ministerio de Ética Gubernamental, organismos encargados de la fiscalización y supervisión de la gestión pública. El MAP, en su función de órgano fiscalizador, debe velar por el cumplimiento de las normativas y garantizar que los funcionarios designados cuenten con la capacitación y los requisitos legales para desempeñar sus funciones. La permisividad de estos organismos no solo debilita la confianza ciudadana, sino que perpetúa una cadena de ilegalidad y negligencia en la administración de la ciudad.
Implicaciones de Vinculaciones Familiares
Sin que se establezca una relación directa, el vínculo familiar de la persona encargada con un alto dirigente y funcionario del partido responsable de los ministerios relacionados con la materia abre peligrosas interrogantes. Esta relación, aunque indirecta, afecta directamente la credibilidad del gobierno de Luis Abinader y podría desencadenar escándalos futuros, poniendo en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia en la gestión de la ciudad. Dichos vínculos sugieren que las decisiones no se toman exclusivamente sobre la base de criterios técnicos o legales, sino que pueden estar influidas por intereses partidistas y familiares, lo cual resulta inaceptable en un proceso que debería regirse por la objetividad y el profesionalismo.
Desastre Institucional y Sospechas de Complicidad
La práctica de colocar a personas inadecuadas en funciones críticas dentro de la Alcaldía de Santo Domingo Este no solo representa un grave error administrativo, sino que convoca al inminente desastre institucional y administrativo. Esta situación levanta serias sospechas de complicidad por parte de las autoridades fiscalizadoras y, sorprendentemente, de los regidores, quienes deberían ser los más cercanos y vigilantes frente a este escándalo. La falta de control y la aparente complacencia de estos actores agravan aún más la crisis, socavando la confianza ciudadana y la integridad del proceso de gobernanza.
La designación de una persona no apta para dirigir el Departamento de Planeamiento Urbano no es solo una cuestión administrativa; es el reflejo de un sistema que ha permitido vulnerar los principios básicos del buen gobierno y la ética profesional. La ciudadanía merece que los permisos de construcción y demás autorizaciones se otorguen basándose en criterios técnicos y legales, no en decisiones arbitrarias o en intereses políticos y familiares.
Es imperativo que se realice una revisión exhaustiva de los procesos de asignación y control en el área de planeamiento urbano de Santo Domingo Este. Las instituciones deben asumir su responsabilidad y garantizar que la persona que ocupa el cargo tenga la formación y la experiencia necesarias para cumplir con esta inmensa responsabilidad. Asimismo, el MAP y el Ministerio de Ética Gubernamental deben intervenir de manera proactiva para sancionar cualquier irregularidad y restaurar la confianza en la gestión pública.
La comunidad está llamada a exigir transparencia y rigor en la administración, y a denunciar cualquier forma de ilegalidad que pueda poner en peligro el bienestar colectivo. Solo así se podrá romper con esta cadena de ilegalidad y restablecer la integridad y seguridad de la infraestructura urbana en Santo Domingo Este.
creado por Multimedios LZO, La Agencia de Prensa
según idea original de Fernando Buitrago x.com/@fdo_buitrago
