Santo Domingo Este, 11 de marzo de 2025 – La instalación de reductores de velocidad en la Carretera Mella, en Santo Domingo Este, ha desatado una ola de críticas y sospechas entre los ciudadanos, quienes cuestionan si estas estructuras, colocadas sin la aparente autorización del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), responden a un interés oculto: facilitar el acceso al centro comercial Megacentro, uno de los principales complejos privados de la zona. Lo que inicialmente se presentó como una medida de seguridad vial ahora es visto por muchos como un posible caso de abuso de poder y favoritismo desde la Alcaldía hacia una empresa privada.
Una ubicación «conveniente»
Los reductores, ubicados estratégicamente cerca de las entradas y salidas de Megacentro, han levantado cejas por su diseño y posicionamiento. Conductores y residentes señalan que estas estructuras ralentizan el flujo vehicular en la arteria principal, mientras que las vías de acceso al centro comercial parecen beneficiarse de un tráfico más ordenado y fluido. «Es sospechoso. Si pasas por la Carretera Mella, te topas con los reductores justo donde Megacentro necesita que los carros entren y salgan sin problema. ¿Casualidad? No lo creo», pensaría cualquier ciudadano con sentido común.
La falta de transparencia sobre la planificación de estos reductores agrava las dudas. Según la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cualquier intervención en las vías públicas debe ser aprobada por INTRANT tras un estudio técnico que justifique su necesidad. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Alcaldía de Santo Domingo Este ni su alcalde, Dio Astacio, han presentado evidencia de que este proceso se haya cumplido, lo que alimenta las especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la obra.
¿Un favor a Megacentro desde el Estado?
El señalamiento de un posible favoritismo no es nuevo en la política municipal dominicana, pero en este caso, las sospechas apuntan directamente a una alianza entre la gestión de Astacio y los intereses comerciales de Megacentro. Este centro comercial, uno de los más grandes del Gran Santo Domingo, genera un volumen significativo de tráfico diario, y facilitar su acceso podría traducirse en beneficios económicos para sus propietarios. Todo indica que desde el Estado podría estarse usando recursos públicos para hacerle la vida más fácil a una empresa privada, mientras la población sufre tapones».
La ausencia de una respuesta contundente por parte de la Alcaldía solo ha intensificado las críticas. En lugar de aclarar si existió coordinación con INTRANT o un análisis que respalde la colocación de los reductores, las autoridades municipales han optado por el silencio, dejando espacio para que las teorías de favoritismo ganen terreno entre la población.
INTRANT y DIGESETT: ¿ausentes o cómplices?
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) también están en el banquillo de los acusados. A pesar de su mandato de supervisar y regular el tránsito a nivel nacional, ambas instituciones han sido criticadas por su aparente pasividad frente a las acciones de la Alcaldía. «INTRANT debería haber parado esto desde el principio, pero no se escucha ni un pío. ¿Están de acuerdo o simplemente no les importa?», se preguntó José Vargas, un conductor afectado por los constantes retrasos en la Carretera Mella.
La DIGESETT, por su parte, ha anunciado que investigará el caso y ha citado al alcalde Astacio para una reunión, pero la falta de medidas concretas hasta ahora ha generado escepticismo. Para muchos, esto refuerza la percepción de que Santo Domingo Este opera como un «cacicazgo» bajo el mando de Astacio, donde las leyes y las instituciones nacionales tienen poco peso.
Un municipio bajo sospecha
La polémica de los reductores en la Carretera Mella no es un incidente aislado. La gestión de Dio Astacio ya enfrenta críticas por la colocación de contenedores que obstruyen calles y avenidas, así como por el deterioro general de la movilidad en el municipio. Sin embargo, este caso en particular ha tocado una fibra sensible al sugerir que los recursos públicos podrían estar sirviendo a intereses privados en detrimento de la ciudadanía.
Mientras los conductores lidian con el caos vial y los residentes exigen respuestas, el silencio de las autoridades municipales y la inacción de los organismos reguladores mantienen vivo el debate: ¿son los reductores de la Carretera Mella una medida para proteger vidas o un regalo envuelto en asfalto para Megacentro? Hasta que no haya claridad, las sospechas de favoritismo seguirán creciendo, y con ellas, la frustración de un municipio que se siente abandonado por quienes deberían velar por su bienestar.
