texto Multimedios LZO
En una polémica decisión, los regidores de Santo Domingo Este han aprobado el permiso para la instalación de una bomba de combustible en una zona protegida, a pesar de las solicitudes de varias juntas de vecinos de la zona que pedían la paralización del proyecto.
Mediante una carta firmada por varias juntas de vecinos, se solicitaba la intervención de diversas autoridades, incluyendo al Presidente Luis Abinader, el alcalde Dio Astacio, el Ministro de Medio Ambiente y la Procuradora de la República. Los residentes expresaron su preocupación por las graves consecuencias medioambientales que la instalación de la bomba de combustible podría tener, especialmente debido a la existencia de un manantial de agua subterráneo en el área.
A pesar de estas advertencias y solicitudes, los regidores aprobaron el permiso sin temor alguno, mostrando una aparente indiferencia ante los potenciales daños al medio ambiente. Esta decisión ha generado una gran indignación entre los residentes y defensores del medio ambiente.
La aprobación de este proyecto en una zona protegida y sensible plantea serias dudas sobre los motivos detrás de la decisión de los regidores. Muchos sospechan que la corrupción y el dinero podrían haber influido en la votación, ya que resulta difícil entender cómo los regidores podrían votar en contra de los intereses y peticiones de la comunidad a menos que hubieran sido influenciados por pagos indebidos.
«Es increíble que los regidores tomen una decisión tan perjudicial para el medio ambiente y para la comunidad. Solo la corrupción y el dinero pueden explicar por qué votaron de esta manera, ignorando completamente las solicitudes de la población», afirmó un residente de la zona afectada.
La controversia continúa creciendo, y los ciudadanos esperan que las autoridades superiores tomen cartas en el asunto para investigar las circunstancias que rodearon esta aprobación y para garantizar que se respeten las normativas medioambientales y los deseos de la comunidad.
El futuro de la zona protegida ahora es incierto, y la comunidad permanece vigilante, esperando que se haga justicia y que se revierta una decisión que consideran profundamente equivocada y dañina.
