Proyecto lleva 20 años en el Congreso Nacional
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua (Naciones Unidas revela que 2,200 millones de personas viven sin acceso al líquido), un recurso que es indispensable para el desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas, que mediante esta conmemoración tiene como objetivo concienciar acerca de la crisis global y promover medidas que aceleren el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (6): Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
En el país esta “celebración” arribó con un proyecto de ley rezagado sin aprobar que mendiga atención en los curules del Congreso Nacional desde hace 20 años. Las propuestas de la “Ley de Aguas de la República Dominicana”, fueron presentadas, en ocasiones distintas, por el exsenador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova y el actual vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el diputado Máximo Castro Silverio. Entre ambas proposiciones han surgido diferencias en términos jurídicos. En julio del año pasado fue aprobado en primera lectura por el Senado, en cambio, no llegó a la Cámara de Diputados, por tanto, no fue aprobado durante la gestión del expresidente Danilo Medina, por tal razón, fue heredada por el Gobierno de Luis Abinader, cuestión que tendría que iniciar prácticamente desde cero el debate en la actualidad.
Esta ley tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento del recurso agua, así como la preservación de su calidad y cantidad para lograr el desarrollo sustentable de la nación. Es de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Sin embargo, el uso y distribución indiscriminada del agua en el territorio nacional es una práctica que ha mostrado su peor cara durante períodos de sequía prolongados que ponen en evidencia las carencias del preciado líquido en los sectores más vulnerables y con menos poder económico, además de las mafias detrás de empresas que suministran el recurso hídrico a costos elevados amparados en la necesidad de un conglomerado desvalido.
Igualmente, las prácticas nocivas como la contaminación de ríos, mares, cuencas hidrográficas junto a la tala y quema de árboles, y la contaminación industrial imperante.
Para el geólogo Osiris de León, ambos proyectos difieren respecto a los poderes que otorga o elimina a instituciones y persona jurídica,y por ende deben ser observados con cautela.
“Hay dos proyectos distintos, que difieren en aspectos básicos de la administración del agua y coinciden en aspectos perjudiciales relativos a la privatización mediante un régimen de concesiones del agua, y eso debe ser analizado cuidadosamente por tratarse de una ley general, porque uno de los proyectos plantea eliminar al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y sustituirlo por la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA), mientras el otro proyecto mantiene la autoridad en el INDRHI, pero le aumenta la jerarquía asignándole funciones reguladoras y autoridad concesionaria de los recursos hidráulicos, lo cual debe ser competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, explica.
Además, el ambientalista sustenta que la ley de aguas debe ser vista como una extensión o complemento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Ya que el agua es el principal recurso natural vital, y quien la debe administrar desde el punto de vista regulador y protector es el Ministerio de Medio Ambiente mientras que su operación y distribución debe estar en manos del INDRHI como operador tradicional, junto a las Juntas de Regantes, de las diferentes cuencas hidrográficas, para buscar equilibrio y evitar conflictos por el acceso al agua escasa, pues mientras en Villa Altagracia, Bonao y La Vega anualmente caen poco más de 3,000 milímetros de lluvias por cada metro cuadrado, en la Línea Noroeste y en la región suroeste anualmente apenas caen 400 milímetros de lluvias por cada metro cuadrado, y luego habrían conflictos al trasvasar agua desde un Distrito de Agua hacia otro Distrito de Agua, a través de canales de riego, para acueductos y para hidrogeneración”, expone.
Advierte también, que en el caso hipotético de privatizar este recurso, resultaría en detrimento de los ciudadanos de escasos recursos y violenta el artículo 15 de la Constitución que precisa que: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”.
“La privatización del agua, mediante un régimen de concesiones del uso del agua en las diferentes cuencas hidrográficas atenta contra el acceso al agua de la gente de escasos recursos económicos, lo cual es inaceptable porque el acceso al agua es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República y en la Carta de los Derechos Humanos”, sostiene De León.
Por otra parte, el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Felipe (Fellito) Suberví, planteó que es necesario la revisión de dicha ley. Así como, el director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso Sánchez, aseguró que el Gobierno prevé la construcción de siete presas para tratar las aguas residuales y evitar la contaminación de afluentes importantes. El presidente Luis Abinader, anunció un “Acuerdo por el Agua” con una inversión de 8 mil 850 millones de dólares en convenio con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Acceso universal al agua
Por otro lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, ha intervenido en distintos foros y encuentros donde muestra su apoyo a cambiar la realidad actual.
Participó en el Foro de Alto Nivel sobre Agua 2021, junto a la Misión Dominicana en Naciones Unidas donde precisó que la crisis mundial a causa del covid-19 ha resaltado la necesidad de acceso universal al agua. Por otro lado, el Día Mundial del Agua, sostuvo que “hacemos conciencia de su valía y su papel preponderante en la garantía del derecho fundamental a la vida. Desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos dado prioridad a la reforestación del país en especial en zonas de alta potencialidad para la generación del agua. Trabajamos activamente en el combate y adaptación al cambio climático. Reconocemos el rol que la ley nos asigna”.
Asimismo, reiteró el compromiso para enfrentar los desafíos globales vitales sobre el cambio climático en el “UK Caribbean Forum 2021” en un encuentro virtual junto al Príncipe Carlos de Gales y ministros Británicos.
Esta ley es impostergable, su protección y aprovechamiento junto a un régimen de consecuencias es la punta de lanza para alcanzar los niveles de desarrollo para cumplir con las metas ambientales planteadas, y así disminuir el “estrés hídrico” generalizado.
Tomado de https://www.elcaribe.com.do
