Santo Domingo Este, el municipio más poblado de la República Dominicana, se encuentra atrapado en una dinámica que dista mucho de los principios democráticos que deberían regirlo. El Alcalde de Santo Domingo Este ha convertido su gestión en un ejercicio de poder absoluto, transformando el municipio en un feudo personal donde las leyes nacionales, las instituciones estatales y hasta los derechos de los ciudadanos parecen subordinarse a su voluntad. Este modelo de gobernanza, que desafía abiertamente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), no solo pone en riesgo el orden público, sino que también evoca un pasado autoritario que la sociedad dominicana ha luchado por dejar atrás.
El nacimiento de un feudo
La visión del Alcalde de Santo Domingo Este como señor feudal se ha hecho evidente en su rechazo a las normativas de INTRANT y DIGESETT, instituciones encargadas de regular el tránsito y la seguridad vial a nivel nacional. Con declaraciones que relegan las leyes de estas entidades a “papel mojado”, el Alcalde ha proclamado que, como máxima autoridad municipal, sus decisiones son las únicas que cuentan dentro de su jurisdicción. Este desafío no es un simple desacuerdo administrativo; es una afirmación de supremacía que convierte al municipio en un territorio aislado, donde las reglas nacionales se doblegan ante su capricho.
Ejemplos como la colocación de contenedores de basura en vías públicas, obstaculizando el tránsito sin coordinación con DIGESETT, ilustran esta mentalidad. Cuando esta institución citó al Alcalde para buscar soluciones, su respuesta fue reafirmar su dominio, ignorando la Ley 63-17 que establece las competencias de INTRANT y DIGESETT. En este feudo, las leyes no son un marco de convivencia, sino un obstáculo que el Alcalde de Santo Domingo Este desecha a conveniencia, consolidando un poder que se siente por encima de cualquier autoridad externa.
La Policía Municipal: los guardianes del feudo
El control feudal del Alcalde no se limita a discursos. La Policía Municipal, creada para proteger los espacios públicos y hacer cumplir ordenanzas locales según la Ley 176-07, ha sido transformada en una herramienta de su régimen personal. Lejos de cumplir su rol legal, este cuerpo actúa como una fuerza paramilitar, deteniendo ciudadanos sin autorización y extralimitándose en funciones reservadas a la Policía Nacional o DIGESETT. Estas acciones, denunciadas por residentes, no son errores aislados, sino síntomas de un municipio donde la ley municipal suplanta la ley nacional, y la autoridad del Alcalde se impone por la fuerza.
Este uso indebido de la Policía Municipal recuerda las tácticas de épocas dictatoriales, cuando las fuerzas locales servían para perpetuar el control de un líder omnipotente. En el feudo de Santo Domingo Este, estos agentes no son protectores del pueblo, sino ejecutores de una voluntad que ve a los ciudadanos como súbditos en lugar de titulares de derechos. La impunidad con la que operan refuerza la idea de que el municipio es un dominio privado, no una entidad democrática.
El costo de la soberanía autoproclamada
Las consecuencias de este feudo por encima de la ley son palpables. El desorden en el tránsito, la inseguridad en las vías y el manejo opaco de los recursos municipales son reflejos de una gestión que prioriza el poder personal sobre el bienestar colectivo. Al desestimar las regulaciones de INTRANT y DIGESETT, el Alcalde de Santo Domingo Este no solo pone en jaque la movilidad urbana, sino que también debilita la confianza en las instituciones que sostienen el estado de derecho. Los munícipes, atrapados en este sistema, enfrentan las secuelas de un gobierno que se comporta como un señor feudal en lugar de un servidor público.
La Ley 176-07, que rige los gobiernos locales, establece que los ayuntamientos deben operar en armonía con las políticas nacionales, no como reinos independientes. Sin embargo, el Alcalde de Santo Domingo Este interpreta su cargo como una corona, ignorando que su autoridad está limitada por un marco legal superior. Este modelo de feudo personal no solo es insostenible, sino que también amenaza con normalizar un precedente peligroso para la democracia local.
Desmantelar el feudo: un imperativo ciudadano e institucional
Santo Domingo Este no puede seguir siendo un feudo por encima de la ley. La ciudadanía, el Concejo de Regidores y las instituciones nacionales tienen un papel crucial para revertir esta deriva autoritaria. El Concejo, hasta ahora complaciente, debe despertar de su letargo y ejercer su función de fiscalización, mientras que INTRANT y DIGESETT deben hacer valer su autoridad para restaurar el orden legal. Pero, sobre todo, los munícipes deben exigir que su municipio deje de ser el dominio de un solo hombre y vuelva a ser un espacio de gobernanza democrática.
El Alcalde de Santo Domingo Este no es un rey, y el municipio no es su feudo. Su desafío a las leyes nacionales y su uso arbitrario del poder son un retroceso a tiempos que la República Dominicana ha jurado no repetir. Romper este feudo requiere acción colectiva y un compromiso firme con el estado de derecho. Solo así Santo Domingo Este podrá dejar de ser un territorio bajo el yugo de un soberano autoproclamado y convertirse en lo que merece ser: un municipio al servicio de su pueblo.
