En el municipio Santo Domingo Este, específicamente en Ciudad Juan Bosch, han salido a la luz preocupantes denuncias sobre la retención de vehículos de empresas de telecomunicaciones, encargadas de instalar sistemas de internet en la zona. Estas acciones son firmadas por la representante dizque inspectora de Planeamiento Urbano y un delegado barrial de la alcaldía, quien ha impuesto multas ilegales de hasta 400 mil pesos a estas compañías, en una clara usurpación de funciones que corresponden exclusivamente al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
La Ley General de Telecomunicaciones (153-98) es clara: ninguna institución distinta a INDOTEL tiene autoridad para regular, sancionar o establecer cobros en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, en Ciudad Juan Bosch, las empresas que brindan servicios esenciales de internet se han visto forzadas a pagar estas exorbitantes sumas bajo amenaza de que sus vehículos permanezcan retenidos. En muchos casos, los vehículos son interceptados de manera violenta, a plena luz del día, por agentes municipales que operan de manera arbitraria y al margen de la ley.
Estas acciones no solo vulneran los derechos de las empresas, sino también el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales. El internet, declarado de interés nacional, es una herramienta indispensable para la educación, el trabajo y el desarrollo social. Las multas y las detenciones de vehículos comprometen seriamente la continuidad de estos servicios en una comunidad que depende de ellos para su funcionamiento diario.
La presunta retención de vehículos y la imposición de multas ilegales por parte de la alcaldía, además de ser una violación flagrante a las leyes dominicanas, reflejan un preocupante abuso de poder. Las empresas afectadas han destacado que estos actos no solo interfieren con su operación, sino que también constituyen una forma de extorsión, ya que no existe base legal para tales cobros.
Este tipo de situaciones requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes, incluyendo INDOTEL y los organismos judiciales, para frenar esta práctica ilegal y proteger tanto a las empresas como a los usuarios que dependen de sus servicios. Es esencial que las alcaldías y sus representantes entiendan los límites de sus atribuciones y respeten las leyes que rigen los distintos sectores del país.
